Informe - La situación de derechos humanos de la población afrocolombiana

Informe del Movimiento Nacional Afrocolombiano CIMARRON sobre la situación de derechos humanos de la población afrocolombiana (1994-2004)

I. Resumen

II. Antecedentes históricos

III. Panorama socio-económico

IV. Estadísticas generales

V. Legislación nacional e internacional

VI. Racismo y discriminación racial

VII. Papel de los medios de comunicación

VIII. Conflicto armado y desplazamiento

IX. Respuestas de los gobiernos

X. Recomendaciones y conclusiones

Notas al pie y fuentes bibliográficas

Informe del Movimiento Nacional Afrocolombiano CIMARRON sobre la situación de derechos humanos de la población afrocolombiana (1994-2004)

En Versión Word

Por: Leonardo Reales Jiménez (Coordinador de la Investigación)[1]

I. Resumen (Volver al Indice)

Este documento muestra un balance general de las violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas los(as) afrocolombianos(as) en los últimos diez años. Para realizarlo se tuvieron en cuenta no sólo testimonios de personas afrocolombianas, sino también documentos e informes oficiales sobre el balance en cuestión. Es importante resaltar de antemano que todas las fuentes coinciden en el hecho de que Colombia, a pesar de tener una Constitución que promueve la igualdad ante la Ley de sus habitantes y el respeto a sus derechos, es un país en el que aún la exclusión y discriminación socio-raciales existen como problemas estructurales, hecho que ha afectado negativamente a la población afrocolombiana en todos los ámbitos de la vida nacional.

De igual manera, el conflicto armado ha tenido un mayor impacto sobre las comunidades afrocolombianas, dadas las regiones - con gran presencia afrocolombiana - en las que éste se ha recrudecido, factor que ha generado en otras cosas que la mayoría de los(as) desplazados(as) en Colombia sean afrocolombianos(as). Esta situación también ha producido fuertes aumentos en los niveles de pobreza de la población afrocolombiana, la cual sigue siendo víctima de múltiples violaciones de sus derechos humanos, sociales, económicos y culturales. En ese orden de ideas, los(as) afrocolombianos(as) requieren de soluciones gubernamentales inmediatas a su dramática situación, soluciones que deben ser concertadas con líderes y activistas afrocolombianos(as).

II. Antecedentes históricos (Volver al Indice)

La discriminación socio-racial heredada de la sociedad esclavista, la cual se mantuvo en Colombia más allá de las leyes igualitarias y de la abolición de la esclavización de las personas afrocolombianas en 1852,[2] originaría una fuerte exclusión socio-racial[3]. Es decir, la situación de los(as) esclavizados(as) seguiría siendo igual, así en el papel se afirmara lo contrario.

Incluso, setenta años después de la abolición de la esclavización, en pleno siglo XX, fue aprobada una Ley racista[4] que promovía la inmigración de personas blancas, en detrimento de la población descendiente de los(as) africanos(as) esclavizados(as) y de la población indígena. Así mismo, resulta fácil observar que pasaron casi doscientos años de historia republicana para que se reconociera la presencia y el aporte afrocolombiano a la construcción de la nación. Por medio de la nueva Constitución de 1991 se aceptó, por primera vez en la historia, que Colombia era una nación pluriétnica y multicultural, y en ella se aprobó un artículo, el transitorio 55, a favor de las comunidades afrocolombianas.

Dicho artículo se reglamentaría a través de la Ley 70 de 1993, conocida también como la Ley de Comunidades Negras, misma que promueve el respeto a los derechos humanos, sociales, políticos, territoriales, económicos y culturales de las comunidades afrocolombianas. Dicha Ley, así como numerosos decretos posteriores, establecieron un marco legislativo que en teoría hace de Colombia un país pluralista, respetuoso de la población afrocolombiana y no discriminatorio, con igualdad de oportunidades de acceso tanto a los servicios y políticas sociales, como a los espacios culturales, políticos y económicos. Sin embargo, la realidad ha reflejado una situación totalmente distinta en la que la exclusión socio-racial sigue siendo un factor determinante en la vida cotidiana nacional.

III. Panorama socio-económico (Volver al Indice)

Las manifestaciones de la exclusión mencionada se presentan notoriamente en la falta de acceso de la población afrocolombiana a los espacios socio-políticos, a los mercados de activos y crédito, a la infraestructura adecuada (vivienda digna, transporte, agua y saneamiento), a los servicios sociales (salud y educación) y al mercado laboral (más empleo y mejores salarios).

Se estima que el 30% de la población colombiana es afrocolombiana, cifra que equivale a unas 12 millones de personas, en su mayoría son pobres y víctimas de exclusión socio-racial. Las estadísticas del Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afrocolombiana (1998-2002)[5] muestran que dicha exclusión está ligada a los más bajos indicadores de salud y educación, y a las pocas oportunidades de generación de ingresos de la gente afro.

El panorama socio-económico refleja que en Colombia la mayoría de los descendientes de africanos(as) son pobres, y que la mayoría de los pobres son descendientes de africanos(as), sin que ello haya sido motivo de preocupación para los gobiernos. De igual modo, según el Plan de Desarrollo citado, las tasas de analfabetismo son más altas en los(as) afrocolombianos(as) que en la gente blanca y mestiza, y el acceso a la educación superior es mucho más complicado para los(as) afrocolombianos(as), por su falta de recursos y la exclusión de la que son víctimas.

De hecho, la posibilidad de terminar la educación secundaria es mínima para la mayoría de los(as) afrocolombianos(as) y la calidad de sus escuelas están por debajo del nivel nacional promedio. En términos de los servicios de salud, las estadísticas ponen de manifiesto que existen enormes diferencias entre la población blanca y mestiza, y las comunidades afrocolombianas. El acceso a tales servicios no sólo es más restringido para las últimas, sino también éstas enfrentan un mayor déficit en términos de cobertura y calidad de la atención.

Dicha situación, confirmada por las comunidades afrocolombianas a lo largo y ancho del territorio nacional, demuestra claramente que la distribución desigual de ingresos en Colombia se acentúa cuando se considera el origen racial. Esta desigualdad de ingresos se debe no sólo a la baja escolaridad de la gente afro, sino a la discriminación de la que es víctima. Incluso, al comparar la distribución de ingresos entre afrocolombianos(as) y personas blancas y mestizas con mismo nivel educacional, la desigualdad, aunque se reduce, sigue siendo significativa.

El origen socio-racial ha sido un elemento determinante de la estratificación ocupacional y de allí la extrema inequidad que se presenta en el mercado laboral nacional. Es por ello que es prácticamente imposible encontrar afrocolombianos(as) ocupando cargos importantes. Incluso, también se percibe discriminación al momento de seleccionar y contratar personas para ocupar cargos para los que no se requiere mayor calificación. En otras palabras, resulta obvio que se presenta una fuerte discriminación racial en Colombia, lo que ha producido no sólo más pobreza al interior de las comunidades afrocolombianas, sino también un efecto económico negativo que ha conllevado a pérdidas considerables en la producción del país y el ingreso de la sociedad en su conjunto, como lo han comprobado en los últimos tres años estudios e informes de la llamada banca multilateral.[6]

IV. Estadísticas generales (Volver al Indice)

El panorama socio-económico al que se ha hecho referencia fue reconocido en el pasado Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación, institución estatal que comprobó que la población afrocolombiana se acerca al 30% de la población total del país.[7] Es decir, las cifras oficiales reportan la existencia de aproximadamente 12 millones de afrocolombianos(as), distribuidos(as) a lo largo y ancho del territorio nacional.

Dicha institución estatal también comprobó que la mayor parte de esta población vive bajo cuadros alarmantes de miseria, exclusión social y discriminación racial. No en vano:

- Las zonas de mayor predominio de población afrocolombiana son aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país.

- El ingreso per cápita promedio de los(as) afrocolombianos(as) se aproxima a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1500 dólares.

- El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional.

- La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior en un 40%, al compararla con el promedio nacional.

- En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afros que terminan la secundaria, sólo 2 ingresan a la educación superior.

- Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos.

Así pues, se evidencia para la población afrocolombiana la concentración de un elevado nivel de pobreza que claramente se expresa en las enormes inequidades en materia de educación, salud, servicios básicos y empleo. En resumidas cuentas, y como producto de una sistemática violación de sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, la mayor parte de los pobres en el país son afrocolombianos(as) y sus dramáticas condiciones de vida siguen empeorando por la falta de voluntad política para hacer realidad una amplia legislación, nacional e internacional, a través de la cual se garantiza (en teoría) la protección y promoción de tales derechos.

V. Legislación nacional e internacional (Volver al Indice)

En las tres últimas décadas los distintos gobiernos de Colombia han ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dichos tratados (convenciones, pactos y convenios) deben ser cumplidos tal como lo estipulan los mismos. Sin embargo, una vez más la realidad es muy diferente a lo que dicen estas normas. En todo caso, y aunque resulta obvio que todos los tratados de derechos humanos tienen una relevancia similar, en este documento destacamos, citando las respectivas leyes a través de las cuales se aprobaron en Colombia, sólo aquellos relacionados con la población afrocolombiana como grupo étnico, y que además han sido (y siguen siendo) violados sistemáticamente en el país:

- Ley 22 de 1981, que adoptó la “Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial” y entro en vigor el mismo año.

- Ley 74 de 1968, la cual adoptó el “Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales” y entró en vigor en 1976.

- Ley 74 de 1968. Adoptó el “Pacto Internacional de derechos civiles y políticos” y que también entraría en vigor en 1976.

- Ley 21 de 1991. Adoptó el “Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo” sobre pueblos tribales y entró en vigor el mismo año.

Estas leyes reflejan los fines de dichos tratados y al igual que ellos, fueron promulgadas no sólo para evitar y castigar la promoción de todas aquellas ideas, incluyendo los prejuicios difundidos en planteles educativos y medios de comunicación, que incitaran a la discriminación racial; sino también, y principalmente, para promover una legislación nacional que garantizara la igualdad de las personas ante la Ley, independientemente de su color de piel u origen étnico.

Lo expresado en la parte final del párrafo anterior en efecto se presentó con la entrada en vigor de la Constitución Nacional de 1991. A partir de ese año se comenzaría a gestar toda una legislación afrocolombiana que promueve la defensa de los derechos humanos de la población afro del país y castiga las violaciones de éstos (en el papel). Entre las normas más importantes de legislación mencionada destacamos las siguientes:

- Ley 70 de 1993, o Ley de Comunidades Negras, y decretos reglamentarios.

- Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación (promueve la etnoeducación).

- Ley 649 de 2000 (Dos curules en la Cámara para afrocolombianos(as)).

- Ley 725 de 2001 (21 de mayo - Día Nacional de la Afrocolombianidad).

Como se puede ver, existe una amplia legislación para proteger los derechos humanos de la población afrocolombiana. Sin embargo, y a pesar de la existencia de dichas normas, en los últimos diez años se han empeorado las condiciones de exclusión socio-económica y pobreza de los(as) afrocolombianos(as), mismas que surgen del lamentable fortalecimiento del racismo y la discriminación racial que afecta a la sociedad colombiana.

VI. Racismo y discriminación racial (Volver al Indice)

En la última década los gobiernos y la sociedad dominante han mantenido inmodificable el histórico principio de supremacía y dominación blanca y mestiza en la administración pública y privada. Hoy por hoy los(as) profesionales afrocolombianos(as) siguen siendo excluidos(as) de los cargos altos e intermedios del Estado. No hay afrocolombianos(as) en cargos importantes de la Presidencia de la República. No hay magistrados(as) afrocolombianos(as) en las altas Cortes del país. No hay ministros(as) ni viceministros(as) afrocolombianos(as). Tampoco hay afrocolombianos(as) embajadores(as); y en las Fuerzas Armadas de Colombia no hay oficiales de alta graduación afrocolombianos(as).

Los últimos tres gobiernos han sido cómplices de la discriminación racial que también se ve en el sector privado, donde la persona afrocolombiana es totalmente “invisible” en los cargos directivos y de altos ingresos. Las personas afrocolombianas suelen ser excluidas de los créditos privados y las becas para realizar estudios de formación superior. De hecho, en las universidades más prestigiosas del país el porcentaje de estudiantes afrocolombianos(as) se ubica por debajo del O.1% del total de estudiantes.[8] Estos centros educativos, así en sus estatutos establezcan lo contrario, promueven la discriminación racial al no tener programas de acción afirmativa para afrocolombianos(as). Es decir, tienen los recursos para promover la formación de población afro a ese nivel, pero no lo hacen porque el sistema sigue siendo discriminatorio y eurocentrista.

En ese orden de ideas, la historia y los valores de la afrocolombianidad como patrimonio nacional son ignorados en los textos escolares y los currículos, contribuyendo de esta manera a la reproducción de estereotipos racistas contra los(as) afrocolombianos(as). Vale la pena agregar que los programas educativos no han abordado el tema del racismo y la discriminación racial, tal como lo exige la citada Ley General de Educación y el Decreto 122 de 1998, por medio del cual se exige la inclusión de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los colegios del país.

Las nuevas generaciones siguen siendo “educadas”, a pesar de las leyes, bajo un sistema que excluye, invisibiliza, discrimina y prepara para el autorechazo y la subvaloración. Existen numerosos casos de niños(as) que han sido víctimas de discriminación racial en sus escuelas y colegios. Sus propios(as) compañeros(as) e incluso los maestros los(as) insultan verbalmente, lo cual genera fuertes problemas de autoestima.[9]

Dicha ideología racista proviene, en casi todos los casos, del propio núcleo familiar y se multiplica en todos los ámbitos y espacios de la vida cotidiana. Lo grave es que no se reconoce como un problema y mucho menos como una violación de derechos humanos, cuando es quizás la peor de las violaciones de derechos humanos que se ven en Colombia; considerando que los niños(as) afrocolombianos(as) son víctimas de humillaciones, exclusión y discriminación, sólo por el hecho de ser afrocolombianos(as), sin siquiera entender el porqué de las mismas.

Mientras en el sistema educativo no se aplique lo que exigen las normas mencionadas, se perpetuarán los estereotipos racistas y se seguirá fortaleciendo el racismo institucional a nivel público y privado. Se seguirán formando futuros padres que terminarán diciendo una frase muy común en todas las regiones del país: “Yo no soy racista, pero no me gustaría que una de mis hijas se casara con un negro…”.

Catalogar tal frase con una violación de derechos humanos para algunos sería exagerado. Sin embargo, no lo es si se considera que exactamente algo similar ocurre, aunque a veces no se exprese verbalmente, cuando una persona afro busca cualquier trabajo y no se lo dan porque sus características físicas están ligadas a estereotipos racistas. La discriminación racial es una grave violación de derechos humanos y el primer paso para eliminarla es reconocerla como tal.

VII. Papel de los medios de comunicación (Volver al Indice)

Los medios de comunicación se han convertido en los principales difusores del racismo y la discriminación racial en Colombia. Esto ocurre desde el siglo XIX y en la actualidad no ha cambiado la situación. En los periódicos nacionales y canales de televisión (privados y públicos) con frecuencia se usa un lenguaje ofensivo y humillante al momento de nombrar y/o caracterizar a la gente afrocolombiana, hecho que fortalece la discriminación racial a través del lenguaje. De allí que sea normal que los(as) colombianos(as), comenzando por los(as) niños(as), reproduzcan el léxico racista de los comerciales de televisión, las telenovelas y los artículos de prensa.

A los(as) afrocolombianos(as) se les dice morochos(as), negritos(as), niches, negros(as), etc., en los medios de comunicación. Estos, en especial los canales privados de televisión, rara vez contratan afrocolombianos(as) y cuando lo hacen tienden a mostrarlos(as) como personas destinadas a trabajar en la servidumbre - simplemente por el hecho de ser personas afro - lo cual alimenta la discriminación racial, precisamente ligada a estereotipos racistas. Tales estereotipos también se presentan en el uso del adjetivo “negro” para referirse a lo malo, sucio, ilegal o feo, algo que históricamente ha generado rechazo hacia el color negro y la gente negra. El Tiempo, principal diario del país, nos da un lamentable ejemplo de este tipo de discriminación racial, al destacar así la eliminación de la selección olímpica de fútbol del Brasil a manos de Sudáfrica:

“Brasil la vio muy negra… Cuba y Costa Rica dieron alegrías el domingo a América Latina al conquistar una medalla de oro y una de bronce en la Olimpiada de Sydney, mientras la selección de fútbol de Brasil, gran favorita para ganar el oro, perdió 3-1 con Sudáfrica.”[10] Nadie puede negar que la irónica expresión “la vio muy negra…” se utilizó en este caso para ofender a un grupo de jugadores negros que ganó un partido de fútbol contra un equipo conformado en su mayoría por jugadores negros también.

En resumidas cuentas, los medios de comunicación en Colombia son promotores del uso de un lenguaje racista contra la gente afro, hecho que los convierte en cómplices de esta grave violación de derechos humanos. Y aunque las normas nacionales prohíben dicha discriminación a través del lenguaje,[11] los medios la siguen practicando porque no la perciben como tal.

VIII. Conflicto armado y desplazamiento (Volver al Indice)

En los últimos años el conflicto armado interno ha contribuido a agravar la situación de las comunidades afrocolombianas.[12] Se ha registrado un incremento de la violencia selectiva en contra de activistas de las comunidades, con homicidios, amenazas de muerte y desplazamientos forzados, así como un mayor confinamiento de éstas por parte de los grupos armados ilegales, que las ven como un obstáculo al ocupar territorios estratégicos, como la Costa Pacífica, que son ricos en materia de recursos naturales y comercio (legal e ilegal).[13] Ese control que pretenden ejercer los grupos armados ilegales sobre los territorios de las comunidades afrocolombianas también agrava las violaciones a los derechos civiles y políticos de éstas, ya que frecuentemente son víctimas de la imposición de bloqueos económicos, el control de alimentos y medicinas, y las restricciones a la circulación de personas,[14] empeorando así las ya precarias condiciones de vida en las que éstas habitan.

En términos del desplazamiento forzado del que las comunidades afrocolombianas son víctimas en el marco del conflicto armado, cabe resaltar que al menos el 50% de la población desplazada en Colombia es afrocolombiana.[15] En otras palabras, más de un millón de personas afrocolombianas han sido víctimas de esta violación de los derechos humanos, que además, por tratarse en muchos casos de territorios (ancestrales) colectivos, también se ha convertido en una violación a los derechos económicos, sociales y culturales.

Otro factor preocupante para las comunidades afrocolombianas es el hecho de que en los últimos años grupos guerrilleros como las FARC, se han puesto en la tarea de “reivindicar”[16] a algunos líderes (como Benkos Biohó) y aspectos históricos (como el cimarronaje), relacionados con la población afrocolombiana,[17] para nombrar sus grupos de combate o acciones, hecho que hace más vulnerable y peligrosa la labor de los(as) activistas afrocolombianos(as) en el país.

Se reitera que las principales víctimas del conflicto son las personas afrocolombianas. Si bien no hay estudios que contengan la variable étnica, las imágenes de los noticieros confirman que los grupos armados ilegales nutren sus filas con personas afrocolombianas que se integran a los mismos para superar sus dramáticas condiciones de vida o lo hacen bajo presión y amenazas.

Un hecho lamentable que reconfirma que los(as) afrocolombianos(as) son las principales víctimas del conflicto armado interno, ocurrió el 2 de mayo de 2002, día en que se presentó la peor masacre ocurrida en la historia de Colombia, la masacre de Bojayá (Chocó), perpetrada por el grupo guerrillero FARC en el marco de un combate contra las autodefensas ilegales, y en la que fueron asesinadas 119 personas, incluyendo mujeres embarazadas y niños(as), todos(as) afrocolombianos(as); convirtiendo el hecho además en una grave infracción a las normas del derecho internacional humanitario,[18] también ratificadas por el gobierno colombiano.

IX. Respuestas de los gobiernos (Volver al Indice)

A pesar de la amplia legislación en materia de derechos humanos, los últimos gobiernos no han hecho efectivos ni los tratados internacionales ratificados ni las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que buscan proteger las comunidades afrocolombianas de todo tipo de violaciones de derechos humanos, en especial de la discriminación racial de la que son víctimas, misma que tiene un impacto negativo en todas las esferas de la vida nacional.

En Colombia históricamente se ha presentado un racismo institucional fuerte que impide el desarrollo social y económico de la población afrocolombiana. El actual gobierno también ha reconocido la existencia de esta grave violación de derechos humanos, pero poco ha hecho para eliminarla en la práctica. De hecho, y a pesar de la ausencia de estudios al respecto, es fácil ver, por ejemplo, que la mayoría de los soldados que enfrentan la posibilidad de morir víctimas del conflicto son afrocolombianos, mientras se impide la promoción de oficiales afrocolombianos a los grados superiores de las Fuerzas Armadas. El actual gobierno tampoco ha creado programas de acción afirmativa y en la contratación de personal se sigue presentando discriminación racial, lo cual se refleja en la ausencia de afrocolombianos(as) en las instituciones gubernamentales.

El gobierno no pone en evidencia que en materia carcelaria, los(as) afrocolombianos(as) recluidos(as) en las cárceles son víctimas de invisibilidad (forma de discriminación racial) y no reciben defensa profesional idónea.[19] Además, las autoridades violan sus derechos humanos, y ni el gobierno ni la administración de justicia impiden la eliminación de tales prácticas.

De otra parte, no deja de sorprender que el gobierno actual, declarado defensor de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y conociendo bien la problemática afrocolombiana, haya dedicado menos de media página a la misma en su Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.[20] Dicho informe se compone de 166 páginas, en las que por ejemplo sí se analiza la situación de derechos humanos de la población indígena. En pocas palabras, al gobierno poco o nada le interesa lo que pueda ocurrir en materia de derechos humanos con la población afrocolombiana, y no se ha detenido a pensar que en la medida en que se eliminen las prácticas de discriminación racial, el crecimiento económico y desarrollo social del país serán más viables.

Otro elemento que confirma el desinterés del gobierno actual hacia la problemática de la población afro del país, es el hecho de haber eliminado la única oficina creada específicamente para atender la problemática de dicha población. Nos referimos a la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, ente creado en el marco de la implementación de la Ley 70 de 1993. Esta oficina fue eliminada para crear la llamada Dirección de Etnias, la cual curiosamente tiene un director mestizo que no está comprometido con la población en cuestión. Además, esta oficina tiene limitaciones en materia de recursos y pretende minimizar el complejo problema de la discriminación racial institucional en Colombia. En pocas palabras, la decisión del gobierno de eliminar la Dirección de Comunidades Negras tal como venía funcionando, ha generado no sólo un estancamiento del proceso organizativo afrocolombiano, sino el agravamiento mismo de la problemática afrocolombiana. Situación que sólo será resuelta en la medida en que se apruebe una Ley que establezca la creación de mecanismos efectivos para enfrentar la discriminación racial y una institución gubernamental que maneje la problemática afrocolombiana.

El gobierno actual tampoco muestra interés por las cifras en materia de prostitución de los(as) jóvenes afrocolombianos(as), quienes terminan en este negocio principalmente debido a sus dramáticas condiciones de vida. La pobreza y la ausencia de oportunidades originadas por la discriminación racial impulsan a los(as) jóvenes afro a prostituirse en las grandes ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Lamentablemente no existen estudios en este sentido y la mencionada ausencia de una institución que analice la problemática afrocolombiana permite afirmar que la posibilidad de llevar a cabo los mismos sigue siendo muy lejana.

Por último, el gobierno colombiano sigue empeñado en no reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para que éste examine comunicaciones de personas sobre prácticas de discriminación racial, en virtud del Artículo 14º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial;[21] que obliga a que los gobiernos, en representación de los Estados, respondan y/o asuman la responsabilidad de rectificar la práctica violatoria de la Convención. En ese orden de ideas, surge una pregunta para la reflexión: ¿Si en Colombia no hay racismo institucional ni prácticas de discriminación racial, cuál es el temor del gobierno de ratificar dicha competencia expresada en el Artículo 14º?

X. Recomendaciones y conclusiones (Volver al Indice)

Con base en el Informe sobre Colombia del Sr. Doudou Diene,[22] Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, quien realizó una Misión al país de septiembre a octubre de 2003, el Movimiento Nacional Afrocolombiano CIMARRON plantea las siguientes recomendaciones y conclusiones, en aras de mejorar la situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas:

Diez años después del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la nación, y a pesar de la existencia de una amplia legislación que protege y defiende los derechos humanos de la población afrocolombiana, la situación socio-económica de la misma sigue siendo precaria y tiende a empeorar cada día más.

La discriminación racial es una grave violación de derechos humanos. Sin embargo, en Colombia las personas mestizas, que en su mayoría se autodenominan “blancas”, no sólo no la perciben como tal, sino que promueven la exclusión de la población afrocolombiana de todas las esferas y espacios socio-económicos relevantes; en especial de aquellos empleos que requieren atención al público, de los medios de comunicación y de los cargos de mando del sector público y privado. Esta discriminación de carácter segregacionista limita las posibilidades de desarrollo socio-económico tanto de las comunidades afrocolombianas como de la sociedad colombiana en su conjunto.

Es necesario generar un marco normativo que defina claramente y ayude a reconocer la existencia de la discriminación racial cuando esta se produce. Como lo expresa la OIT se deben establecer directrices que garanticen la eliminación de este tipo de discriminación,[23] que además genera y refuerza la pobreza y exclusión socio-económica de las comunidades discriminadas, en este caso las afrocolombianas. Este marco debe partir de la aprobación de una ley general contra la discriminación racial que genere la creación de una comisión contra la discriminación racial que interactúe con la Presidencia, los ministerios y el sector privado, y que impulse al gobierno nacional a reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para examinar comunicaciones de personas sobre casos de discriminación racial en el país, en virtud del Artículo 14º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Se invita al gobierno a poner en efecto una estrategia intelectual y ética para acabar con el arraigamiento del racismo y la discriminación racial, en aras de construir un multiculturalismo solidario, democrático e interactivo, que haga efectiva la diversidad étnica y cultural proclamada en el Artículo 7º de la Constitución. Para ello, el gobierno debe exigir a las escuelas y colegios el establecimiento de la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos por un lado, y la prohibición del lenguaje discriminatorio contra la población afrocolombiana en los medios de comunicación por otro. Así mismo, debe promover políticas de acción afirmativa que garanticen la participación afrocolombiana en todas las esferas políticas y socio-económicas.

En resumidas cuentas, el gobierno actual debe promover el establecimiento de una Ley que cree una estrategia de inclusión racial en aras de generar una mayor inversión en capital humano afrocolombiano y elimine la discriminación racial ocupacional, para generar un impacto positivo y constante en la calidad de vida no sólo de las comunidades afrocolombianas, sino de todos(as) los(as) colombianos(as). La misma Ley debe impulsar la creación de una institución estatal dedicada a estudiar y encontrar soluciones a la problemática afrocolombiana. Dicho ente debe ser liderado, contrario a lo que ha hecho el gobierno actual con la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, por investigadores(as) afrocolombianos(as) que estén comprometidos(as) con el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de la población afrocolombiana.